El Estado de derecho, el sometimiento de los ciudadanos y de los poderes públicos al imperio de la ley, es la clave de bóveda de una Democracia. Pero no basta con ello, la formulación de ese orden legal ha de sustentarse en el escrupuloso respeto a los derechos humanos, decantados a lo largo de la historia de las naciones democráticas en una serie de derechos fundamentales vertebradores de la convivencia pacífica, integradora e igualitaria. Dentro de esos principios destacan los de la igualdad de todas las personas y el absoluto respeto a su dignidad, con independencia de cuáles sean sus circunstancias personales, familiares o sociales. La igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de edad, nacimiento, raza, discapacidad, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y la dignidad, configurada en los ordenamientos jurídicos democráticos como la cualidad propia de la condición humana de la que emanan los derechos fundamentales, junto al libre desarrollo de la personalidad, que precisamente por ese fundamento son inviolables e inalienables. Mas no basta la mera formulación de estos principios, la declaración de los derechos humanos no puede quedar limitada a una mera exteriorización de buenas intenciones, declaraciones retóricas carentes de toda efectividad práctica. La convivencia democrática verdadera, sustentada en el respeto a la igualdad y dignidad de todas las personas, exige políticas activas por parte de los poderes públicos. El ordenamiento jurídico ha de establecer con absoluta claridad los límites mínimos e indisponibles a la regulación de los derechos fundamentales, pero ha de acompañarlo con medidas que remuevan los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y que promuevan la igualdad de todas las personas. Los Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad que tengo el honor de prologar recogen el ingente trabajo hecho a lo largo de los últimos años por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el ámbito de ese derecho esencial cual es el del acceso a la Justicia. Decía líneas atrás que no hay Democracia sin respeto a la ley y no hay verdadero respeto a la ley sin un poder judicial que garantice su cumplimiento. El deber de promover las condiciones de igualdad entre todas las personas, pero muy especialmente el de asegurar el derecho de todas las personas a acceder a la Justicia en plenas condiciones de igualdad, recae sobre el poder judicial. La imparcialidad de los jueces en la resolución de los conflictos no puede confundirse con una neutralidad fría e insensible a la realidad social, ya que esa realidad actúa como un criterio hermenéutico en la aplicación de las leyes. Los jueces garantizamos el cumplimiento de las leyes y con ello la realidad de la convivencia democrática, y somos, además, los garantes últimos de los derechos humanos. En esa labor interpretativa y aplicadora de la ley es posible, y necesario, establecer un dialogo 4 con los otros poderes del Estado, exponiendo las razones que aconsejan la adopción de determinados cambios en la regulación legal. No es posible glosar en un breve espacio todas aquellas iniciativas que se han impulsado por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a lo largo de estos últimos años, pero, en el trance de tener que destacar alguna, lo haría respecto al impulso definitivo dado al pleno reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El derecho al igual reconocimiento de su capacidad jurídica está regulado en el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las de Naciones Unidas, sin perjuicio de la adopción de las medidas de apoyo que sean precisas para el ejercicio de tal capacidad. Impulso que ha cristalizado en no pocos ordenamientos jurídicos. El respeto a los derechos de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, la consecución de su plena igualdad, la protección de su dignidad revela qué sociedad somos y qué sociedad queremos ser.

Juan Manuel Fernández Martínez. Vocal del Consejo General del Poder Judicial

Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para las personas con discapacidad.

Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad https://www.ohchr.org/SP/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx sr.disability@ohchr.org Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx crpd@ohchr.org Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Discapacidad y la Accesibilidad www.un.org/development/desa/disabilities/resources/special-envoy-of-the-secretary-general-ondisability-and-accessibility.html se.disability.secretariat@gmail.com

La transparencia de la justicia es un tema que ha cobrado gran importancia en la actualidad. La sociedad exige cada vez más claridad y honestidad en el sistema de justicia, lo que nos ha llevado a la lucha por la transparencia.

La transparencia en la justicia se refiere a la capacidad del sistema judicial de ser claro, preciso y accesible a todos los ciudadanos. Esto significa que cualquier persona debe de entender cómo funciona la justicia, cómo se toman las decisiones y los criterios que se utilizan. Además, también implica que las decisiones y procesos judiciales deben ser accesibles y comprensibles para el público en general.

La lucha por la transparencia de la justicia ha sido una preocupación creciente en todo el mundo. Esto se debe a una serie de razones, entre ellas, el aumento de la desconfianza en el sistema judicial y la creciente percepción de que el sistema es injusto. Además, la creciente importancia de las redes sociales y los medios de comunicación ha advertido la conciencia sobre los errores y los prejuicios dentro del sistema judicial.

Para luchar por la transparencia de la justicia, se han desarrollado diversas estrategias y herramientas. Una de las más importantes ha sido la creación de órganos independientes para supervisar y controlar el sistema judicial. Estos órganos, como las comisiones de investigación, los tribunales de ética y los defensores del pueblo, están diseñados para garantizar la transparencia en la toma de decisiones y el cumplimiento de las leyes. ¿Pero … si funcionan en Colombia?

Otra estrategia debe ser la creación de sistemas de información y comunicación, que incluyan bases de datos en línea que permitan a los ciudadanos acceder a información sobre casos judiciales, así como también la creación de portales en línea que explican los procesos y procedimientos judiciales. De esta manera, se promueve la transparencia y la accesibilidad para todos.

Además, también se han de establecer políticas para fomentar la transparencia en la justicia. Estas políticas incluyen la obligación de publicar las decisiones judiciales y la implementación de sistemas de evaluación y monitoreo. Con estas políticas, se busca garantizar que las decisiones judiciales sean claras y justas, y que los procedimientos sean transparentes y accesibles.

En conclusión, la lucha por la transparencia de la justicia es una preocupación importante en todo el mundo. Se han de desarrollar diversas estrategias y herramientas para garantizar la transparencia en la toma de decisiones y el cumplimiento de las leyes. Estas estrategias incluyen la creación de órganos independientes, sistemas de información y comunicación, y políticas para fomentar la transparencia en la justicia. Es importante seguir luchando por la transparencia en la justicia para garantizar la igualdad y la justicia para todos.

Justicia accesible y transparente.

Control sobre los operadores judiciales.

El control sobre los operadores judiciales es un tema de gran importancia en cualquier sociedad democrática y justa. Los operadores judiciales son aquellos que desempeñan funciones dentro del sistema judicial, tales como jueces, fiscales, abogados, defensores públicos, entre otros. El control sobre estos operadores es fundamental para garantizar la imparcialidad, la eficiencia y la integridad del sistema judicial.

El control sobre los operadores judiciales se puede realizar de diversas maneras. Una de las más importantes es a través de la selección y nombramiento de los operadores judiciales. Es necesario contar con procedimientos transparentes y justos para la selección y nombramiento de estos funcionarios, de manera que se garantice que sean personas éticos, competentes, imparciales e independientes.

Otra forma de controlar a los operadores judiciales es a través de la supervisión y la evaluación de su desempeño. Es importante contar con mecanismos de supervisión que permitan detectar y corregir errores y malas prácticas. Asimismo, es fundamental evaluar regularmente el desempeño de los operadores judiciales, de manera que se garantice su eficiencia y su integridad.

El control también puede realizarse a través de la operabilidad de los mecanismos disciplinarios y sancionatorios. Los operadores judiciales deben estar sujetos a normas y procedimientos disciplinarios y sancionatorios que garanticen la imparcialidad y la justicia en la toma de decisiones. Esto incluye la posibilidad de investigar y sancionar a los operadores que cometan errores o faltas graves, de manera que se garantice la integridad del sistema judicial.

Por último, es importante contar con mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre el desempeño de los operadores judiciales. Los ciudadanos deben tener acceso a la información sobre las decisiones y acciones de los operadores judiciales, de manera que puedan evaluar su desempeño y hacer valer sus derechos. La transparencia es fundamental para garantizar la confianza y la credibilidad del sistema judicial.

En conclusión, el control sobre los operadores judiciales es fundamental para garantizar la imparcialidad, la eficiencia y la integridad del sistema judicial. Este control se puede realizar a través de diversas formas, como la selección y nombramiento de los operadores judiciales, la supervisión y evaluación de su desempeño, los mecanismos disciplinarios y sancionatorios, y la transparencia y el acceso a la información. Es importante seguir luchando por el fortalecimiento del sistema judicial y por la consolidación de la democracia y la justicia en cualquier sociedad.

Que es justicia accesible y transparente?

La justicia accesible significa que todos los ciudadanos, independientemente de su origen social, económico o cultural, tienen la oportunidad de acceder al sistema judicial de manera justa y equitativa. Esto implica que los ciudadanos deben tener acceso a información clara y comprensible sobre sus derechos y sobre el funcionamiento del sistema judicial, y que deben contar con recursos suficientes para poder ejercer sus derechos.

La transparencia implica que los ciudadanos deben tener acceso a información sobre el desempeño del sistema judicial, incluyendo datos sobre el número de casos, tiempos de respuesta, resoluciones emitidas y demás información relevante.

La justicia accesible y transparente es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Un sistema judicial que es accesible y transparente permite que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de manera justa y eficiente, y que puedan confiar en la integridad y el buen funcionamiento del sistema judicial.

En resumen, la justicia accesible y transparente se refiere a un sistema judicial que está al alcance de todos los ciudadanos y que opera de manera abierta, clara y transparente. Este tipo de sistema judicial es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, la protección de los derechos y la consolidación de la democracia y la justicia en cualquier sociedad.

"La justicia es como las serpientes…solo muerde los pies descalzos”